Se trataba de la primera oportunidad que tenían ambos candidatos para debatir cara a cara y la han aprovechado. Especialmente Jeremy Hunt, que se enfrenta en las últimas semanas al arduo esfuerzo de desarbolar la carismática personalidad de su rival, Boris Johnson.

Los dos candidatos a suceder a Theresa May acudieron al plató de la cadena ITV para responder las preguntas del público, previamente seleccionadas por los organizadores, pero desconocidas para Johnson y Hunt. Pero, sobre todo, han usado los cincuenta minutos televisivos para interrumpirse mutuamente y reprocharse sus respectivas flaquezas. La de Johnson, según Hunt, un "optimismo que no va acompañado del necesario realismo, que le llevará a no ser capaz de cumplir sus promesas". La de Hunt, según Johnson, "su habilidad para cambiar de opinión".

Donald Trump, y su andanada de improperios contra el embajador del Reino Unido en EE UU y contra Theresa May por su torpe manejo del Brexit, se han colado inevitablemente en el debate. El forcejeo diplomático entre Londres y Washington por cuenta del embajador británico Kim Darroch se convirtió en arma arrojadiza en el debate televisivo entre los dos candidatos al liderazgo conservador.

La polémica del embajador robó protagonismo al Brexit en el esperado debate entre dos aspirantes de la sucesión de Theresa May ante las cámaras de la ITV. Ambos levantaron la mano a la pregunta sobre si el Reino Unido saldrá de la UE el 31 de octubre.

Hunt criticó sin embargo a su rival por asegurar que esa fecha se producirá la salida "a vida o muerte", mientras que Johnson acusó a su correligionario de querer posponer el Brexit "hasta Navidades". Johnson volvió a ondear fuerte la bandera del "no acuerdo", asegurando que el Reino Unido podría ahorrarse los 43.000 millones de euros de la factura del Brexit para "lubricar" la economía. Hunt prometió por su parte un "colchón" de 22.000 millones para mitigar el posible impacto en las pequeñas y grandes empresas.

El Parlamento británico aprueba una medida que podría dificultar un 'brexit' sin acuerdo

Además del esperado debate que tuvo lugar  en el día de ayer, los parlamentarios británicos aprobaron una medida que podría dificultar al próximo primer ministro forzar un brexit sin acuerdo a través de una suspensión del Parlamento, aunque la propuesta no alcanza a ser un bloqueo completo.

Los parlamentarios aprobaron por ello durante la jornada --por 294 votos a favor y 293 en contra-- un cambio de la legislación que requiere que los ministros informen cada 15 días al Parlamento del avance para restablecer el Ejecutivo que colapsó en Irlanda del Norte.

La medida puede complicar cualquier intento de suspender el Parlamento como una forma de evitar que los legisladores intenten prohibir un brexit sin acuerdo antes del 31 de octubre.

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La nominación de Christine Lagarde para asumir las riendas del BCE ha supuesto una sorpresa, ya que su nombre no se estaba barajando entre las apuestas, al menos del gran público. Pero, teniendo en cuenta cómo llegó al cargo de directora gerente del FMI, se la puede dar por preparada para este tipo de giros en el guion: la entonces ministra de Finanzas francesa sustituyó de la noche a la mañana a Dominique Strauss-Kahn tras ser arrestado por una acusación de violación.

 Con buena reputación al frente de la cartera económica, en aquel vertiginoso 2011 no importó que su perfil fuera de política y abogada. Precisamente, esa ha sido la clave. Lagarde ha escogido sus batallas, ha sabido ceder ante Estados Unidos y ha dado más poder a China y a los emergentes. Se ha movido por la escena social de Washington con una habilidad suprema. Y ha conseguido mantener al FMI en el centro de las negociaciones en la crisis del euro.

Ahora, como presidenta del BCE, Lagarde va a tener que ejercer esas cualidades en un área monetaria que agrupa a 19 gobiernos soberanos. La capacidad de Lagarde de poner de acuerdo a los partidarios de la austeridad a ultranza y a los demás va a ser clave. Y no le van a faltar frentes. Está la incertidumbre del Brexit. Y está, sobre todo, Italia, cuyo Gobierno populista no sólo tiene una pésima relación con Francia, sino que también ha decidido romper el consenso de política fiscal de la Unión Europea.

Para que Lagarde se convierta de forma oficial en la primera mujer presidenta del BCE, el Consejo Europeo debe dar su visto bueno. También se deben mantener consultas con la Eurocámara y el Consejo de Gobierno del BCE, compuesto por los seis miembros del Consejo Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales de los diecinueve países del euro.

Al asumir la dirección del BCE, la francesa cumplirá un papel al que también está muy acostumbrada: ser la primera mujer en un puesto de ese tipo. Ya fue la primera jefa del FMI y, previamente, la primera mujer que ocupaba la cartera de Economía en Francia.

Si como parece Lagarde logra ser nombrada presidenta del BCE, la institución se enfrentará también a una situación sin precedentes en su corta historia con dos políticos, Lagarde y el vicepresidente Luis de Guindos, que deben pilotar la nave en caso de una nueva crisis. Ninguno de los dos ha desarrollado su carrera como banqueros centrales de un país ni tienen formación específica en política monetaria o financiera.

A fin de cuentas, el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, tampoco es economista, sino abogado. El futuro de la economía mundial está en manos de los licenciados en Derecho.

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Los líderes de la Unión Europea mantienen sus diferencias a primera hora de este lunes sobre la distribución de los altos cargos de las instituciones europeas, pese a la noche en blanco de contactos bilaterales y reuniones en formato reducido para tratar de salvar el rechazo de varias delegaciones a la propuesta que situaría al candidato socialdemócrata, el holandés Frans Timmermans, al frente de la Comisión Europea.

Ayer demostraron que a 9.324 kilómetros de distancia de Bruselas la mente está más despejada. En Japón se logró un principio de acuerdo que puede decidir el liderazgo de la UE durante los próximos cinco años. El “Plan Osaka” se cerró en los pasillos, las salas de reuniones bilaterales y los despachos de la cumbre del G20 en la ciudad japonesa. Allí Angela Merkel, Pedro Sánchez, Mark Rutte, y Emmanuel Macron, acercaron posturas y cerraron un principio de acuerdo.

Sin embargo, sus buenas intenciones chocaron frontalmente con la opinión de la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Popular Europeo (PPE) que no aceptaron la idea de apoyar a un socialista, cuando la situación de bloqueo se debe a que fueron los socialistas los que vetaron al candidato popular, el alemán Manfred Weber, a pesar de que fue el más votado en las elecciones europeas.

Esta ha sido probablemente la primera vez en la que la canciller Merkel es desautorizada con tanta contundencia en una reunión del PPE, cuando habitualmente todos los líderes esperaban escucharla para aceptar sus indicaciones. Fuentes del partido hablaron incluso de «rebelión» dentro del partido.

Merkel intentaba salvar en lo posible el mecanismo de designación del futuro presidente de la Comisión a través de la figura de los candidatos especiales o aceptando que el cargo fuera a parar a Timmermans, que era el que proponían los socialistas en las elecciones, dado que Sánchez le había asegurado que podría obtener los 376 votos que necesita en el Parlamento Europeo, sumando a los votos socialistas los liberales, los verdes y la extrema izquierda. Merkel aceptó entonces un paquete en el que el PPE obtendría la presidencia del Parlamento para Weber y el puesto de Alto Representante, mientras que los liberales se harían cargo de la presidencia del Consejo.

El problema es que los que se están oponiendo tampoco tienen un plan B. Y el bloqueo tiene varias consecuencias. La primera, que si no se llega a un acuerdo para todo el paquete antes del 2 de julio, el Parlamento Europeo votará el miércoles un presidente imprevisible que puede ejercer de efecto dominó en el resto de decisiones: familia política, género, país... Es el único cargo que se escapa al control del Consejo, de los gobiernos, porque tanto la propuesta como la decisión es competencia de la Eurocámara.

A partir de ahí: la Comisión Europea vigente decae el 31 de octubre, como el Banco Central Europeo. El presidente del Consejo Europeo, el 31 de diciembre. Y sólo la presidencia del Banco Central Europeo es improrrogable, por lo que ese plazo, si se deja para después del verano seguir las negociaciones, empezaría a entrar en zona de riesgo político y económico.

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